Extraido del Diagonal
INTERVENCIÓN SOCIAL: UN CONVENIO COLECTIVO QUE SE SIGUE HACIENDO ESPERAR
Huelga en la acción e intervención social con amplio seguimiento
Aída Álvarez Blanco / Madrid
Las elevadas negativas a aplicar el convenio colectivo por parte de varias patronales lleva a la huelga al 65% del personal del sector en la Comunidad de Madrid.
PROTESTA. Coincidiendo con la huelga, cientos de trabajadores se concentraron frente a la sede de la Comunidad de Madrid./ Pedro Martínez
Trabajadores y trabajadoras del sector de la acción y la intervención social fueron a la huelga el pasado 11 de diciembre. Unas 15. 000 personas estaban convocadas por la Plataforma ECO, CC OO, el Grupo de Trabajo de la Intervención Social de CGT y la Asociación Madrileña de Educadores Sociales AMES a seguir paros de tres horas por turno. La precariedad en forma de temporalidad y bajos salarios define este sector como clara consecuencia de la subcontratación de servicios públicos tan sensibles como la asistencia social.
El 19 de junio de 2007, el BOE mostraba por primera vez las condiciones de trabajo que, como mínimo, debían aplicarse a los profesionales del sector de todo el Estado, mínimos retributivos incluidos. Un buen convenio, especialmente si se tiene en cuenta la situación de partida. O, tal vez, lo bastante bueno como para que una parte importante de las empresas y ONG del sector, acostumbradas incluso al trabajo gratuito, se nieguen a aplicarlo.
Impugnación de la patronal
Las movilizaciones se producían el mismo día que en la Audiencia Nacional se celebraba la vista por la impugnación del convenio colectivo. Los demandantes no presentaron sus acreditaciones patronales y el juicio se suspendió, pero la petición de suspensión en la aplicación del convenio no prosperó. “El I Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social continúa en la fase donde se encuentra actualmente, de desarrollo territorial, pues la petición de la patronal que impugna, de suspensión de la aplicación del convenio colectivo, ha sido denegada por la Audiencia, lo cual refuerza la actual vigencia del convenio”, explican desde FSP-UGT. Se trata del segundo intento de impugnación por parte de la supuesta patronal que agrupa a empresas como Trama, Diagrama, o’Belem o Grupo Norte después de que se rechazara la impugnación ante la Dirección General de Trabajo para intentar evitar la publicación.
Sobre las 12.30 h de la mañana, entre 3.000 y 5.000 personas se concentraban en la Puerta del Sol en defensa de sus derechos y de la calidad en la atención a los usuarios. “Las entidades están obligadas a aplicarlo y las diferentes administraciones públicas están obligadas a dotarlo presupuestariamente a través de los pliegos de condiciones para que las entidades lo puedan aplicar”, señala el manifiesto de Plataforma ECO.
Y es que cada vez más administraciones públicas se suben al carro de la subcontratación y hacen la vista gorda o consideran fuera de su ámbito de incumbencia las situaciones de precariedad e inestabilidad laboral que sufren las personas encargadas de prestar los servicios que ayuntamientos y otras administraciones se comprometen legal y políticamente a facilitar a sus ciudadanos. A estas situaciones se suma la delegación de hecho de la asistencia social en determinadas organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con un importante número de voluntarios y reciben financiación millonaria procedente de la recaudación del IRPF. 18 millones de euros fueron a parar a Cruz Roja, 9,5 a Cáritas y dos a UNAD (que además de negarse a aplicar el convenio, ha hecho campaña en su contra, según informa la Plataforma ECO).
EL LARGO CAMINO HACIA LA DIGNIFICACIÓN DEL SECTOR
MIGUEL Á. DE LUCAS
La intervención social es un sector relativamente reciente, cuyos trabajadores abarcan varios sectores de la administración (como sanidad, educación y asuntos sociales). La sindicalización escasea. Y según quien contrate (puede hacerlo una ONG, la administración, o una multinacional...) existen conceptos muy diferentes respecto a la relación laboral. En este tiempo, de la falta de concreción todas las partes parecen haber sacado partido, menos los trabajadores. La falta de una regulación clara se ha traducido en altas tasas de movilidad y temporalidad, un rápido proceso de subcontratación de las actividades y una situación especialmente frágil a la hora de reclamar derechos laborales. “Llevamos al menos siete años reuniéndonos para que hubiera un convenio sobre intervención social”, asegura Enrique Pérez, de la Plataforma ECO. Un largo proceso donde tampoco han faltado peleas sindicales, como la producida entre las secciones de Administraciones públicas y de Enseñanza de CC OO para hacerse con esa área. Aun con estas dificultades, y pese a la actitud de boicot por parte de algunas patronales, el 19 de octubre se aprobaba el primer Convenio Colectivo Marco del sector. En él se da una definición legal del trabajo y se reconoce derecho a un descanso semanal de 48 horas, posibilidad de solicitar excedencia voluntaria con derecho a reincorporación, cobro en caso de enfermedad y reconocimiento por horario nocturno o en días festivos. En definitiva, como resume Pérez: “Un convenio que, sin ser la leche, es un poco menos precario que lo que teníamos”. Ahora, una vez que se cuenta con un marco legal, el problema está en las dificultades para llevar a la práctica los derechos del convenio. Las empresas y la Administración apenas han variado su trato hacia los trabajadores de lo social. La huelga del 11 de diciembre denunció precisamente esto. Para Enrique Pérez, el resultado es bastante positivo. “Se hace ver que el sector existe, y que pide el reconocimiento profesional”.
